La abertura, de más de un kilómetro y medio, crece con cada explosión y se devora lentamente a la sombría capital provincial andina de Cerro de Pasco. La mina a cielo abierto de zinc y plomo, que funciona desde hace medio siglo, lanza un polvo que cubre las casas. La tierra está tan contaminada que las comunidades indígenas surgidas en las afueras de la ciudad ya no pueden cultivarla. La situación de los pobladores se hace más delicada aún porque el 80_ del agua disponible va a los yacimientos.
Algunos sectores afirman que la ciudad de 70.000 habitantes, uno de los primeros complejos mineros industriales del Perú, simboliza 100 años de extracción sin regulación, de desperdicios tóxicos y de toma ilegal de tierras. "He visto cómo la mina se traga la ciudad", afirma la legisladora de Cerro de Pasco Gloria Ramos, de 54 años, mientras observa el vacío desde una roca en lo que queda de su ciudad. "Ha habido un gran éxodo, pero los pobres siguen aquí".
A fines de 2008, las autoridades municipales concedieron al dueño de la mina, la Compañía Minera Volcán, otras 11,33 hectáreas de tierra, incluida la plaza central y su iglesia colonial, que fue reconstruida en 1748, luego de un terremoto. La empresa había amenazado con cerrar el yacimiento en caso de no recibir esas tierras, y dejar sin trabajo a 4.000 personas.
Por esa misma época, el Congreso había aprobado un proyecto que disponía el traslado de los habitantes de Cerro Pasco a otro sitio debido a que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos había determinado que la tierra, el agua y las casas estaban saturadas con niveles tóxicos de plomo. Según los investigadores, nueve de cada diez niños tienen niveles altos de uno de 14 metales pesados, incluidos plomo, cadmio y arsénico.
Pasó más de un año y el gobierno del presidente Alan García no dijo nada sobre los 500 millones de dólares que se necesitan, de acuerdo con el gobernador regional. Las autoridades explican que los estudios técnicos tomarán tres años y que la construcción de otra ciudad otros 10 más. "Esto está afectando nuestra salud, especialmente la de las mujeres y niños", dijo preocupado Ramos. "No podemos seguir viviendo en estas condiciones".
¿UN MAL NECESARIO?
La minería representa el 60_ de las exportaciones peruanas y es lo que impulsó un crecimiento anual del 6,7_ entre 2002 y 2008. Perú piensa seguir apostando a los minerales en los años venideros. El Congreso dio recientemente a la fundidora estadounidense Doe Run otros dos años y medio para reducir las emisiones tóxicas en sus plantas de La Oroya, una localidad vecina. Dejó que la empresa no cumpliese con un segundo plazo para reducir la emisiones, pero evitó la pérdida de 3.500 empleos.
La compañía había acordado limpiar la ciudad, considerada una de las más contaminadas del mundo, cuando compró la planta al Estado en 1997. Más de un centenar de comunidades pelean con empresas mineras y petrolíferas en torno a la contaminación y el uso de tierras y agua, de acuerdo con el defensor del pueblo. Cuando asumió García en 2006 había solo 14 conflictos de este tipo.
En junio del año pasado, los enfrentamientos entre las autoridades e indios awajun que bloqueaban una carretera en la Amazonia dejaron 33 personas muertas. Los manifestantes trataban de impedir que la empresa canadiense Dorato Resources buscase oro en sus tierras de caza. También resistían disposiciones del gobierno que daban a empresas mineras y petroleras acceso a tierras comunitarias.
El gobierno expulsó hace poco a Dorato de las tierras de los awajun para demostrar que piensa regular la actividad minera. No obstante, sigue siendo acusado de hacer a un lado la protección al medio ambiente para atraer inversiones extranjeras. La semana pasada, seis menores murieron en enfrentamientos en torno a la explotación de grandes extensiones de la Amazonía en busca de oro.
En casos como el de Cerro de Pasco, García apoyó las empresas mineras, aduciendo que los avances tecnológicos hacen que la contaminación derivada de la minería sea "un tema del siglo pasado".
ADAPTACIÓN O MUERTE
Los habitantes de la ciudad no tienen muchas alternativas al trabajo en las minas: cultivar para subsistir o vender cosas en las calles de Lima y vivir en barrios de emergencia. Marilyn Huaman, de 24 años, explica que los nueve miembros de su familia viven de los 400 dólares que gana su padre en las minas. Su madre tiene un pequeño comercio en la casa. Todos duermen en la misma habitación. "Nos quedamos por necesidad, porque los chicos tienen que estudiar", expresó Calzada, de 45 años, y agregó que en su pueblo, Alcacocha, a una hora, no hay escuela secundaria.
Como tantas otras familias, los hijos de Calzada no se sometieron a análisis para determinar los niveles de plomo en sus organismos, el cual puede causar serios trastornos. "¿Qué puedo hacer, si tenemos que quedarnos aquí?", se pregunta.
A fines de 2008, las autoridades municipales concedieron al dueño de la mina, la Compañía Minera Volcán, otras 11,33 hectáreas de tierra, incluida la plaza central y su iglesia colonial, que fue reconstruida en 1748, luego de un terremoto. La empresa había amenazado con cerrar el yacimiento en caso de no recibir esas tierras, y dejar sin trabajo a 4.000 personas.
Por esa misma época, el Congreso había aprobado un proyecto que disponía el traslado de los habitantes de Cerro Pasco a otro sitio debido a que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos había determinado que la tierra, el agua y las casas estaban saturadas con niveles tóxicos de plomo. Según los investigadores, nueve de cada diez niños tienen niveles altos de uno de 14 metales pesados, incluidos plomo, cadmio y arsénico.
Pasó más de un año y el gobierno del presidente Alan García no dijo nada sobre los 500 millones de dólares que se necesitan, de acuerdo con el gobernador regional. Las autoridades explican que los estudios técnicos tomarán tres años y que la construcción de otra ciudad otros 10 más. "Esto está afectando nuestra salud, especialmente la de las mujeres y niños", dijo preocupado Ramos. "No podemos seguir viviendo en estas condiciones".
¿UN MAL NECESARIO?
La minería representa el 60_ de las exportaciones peruanas y es lo que impulsó un crecimiento anual del 6,7_ entre 2002 y 2008. Perú piensa seguir apostando a los minerales en los años venideros. El Congreso dio recientemente a la fundidora estadounidense Doe Run otros dos años y medio para reducir las emisiones tóxicas en sus plantas de La Oroya, una localidad vecina. Dejó que la empresa no cumpliese con un segundo plazo para reducir la emisiones, pero evitó la pérdida de 3.500 empleos.
La compañía había acordado limpiar la ciudad, considerada una de las más contaminadas del mundo, cuando compró la planta al Estado en 1997. Más de un centenar de comunidades pelean con empresas mineras y petrolíferas en torno a la contaminación y el uso de tierras y agua, de acuerdo con el defensor del pueblo. Cuando asumió García en 2006 había solo 14 conflictos de este tipo.
En junio del año pasado, los enfrentamientos entre las autoridades e indios awajun que bloqueaban una carretera en la Amazonia dejaron 33 personas muertas. Los manifestantes trataban de impedir que la empresa canadiense Dorato Resources buscase oro en sus tierras de caza. También resistían disposiciones del gobierno que daban a empresas mineras y petroleras acceso a tierras comunitarias.
El gobierno expulsó hace poco a Dorato de las tierras de los awajun para demostrar que piensa regular la actividad minera. No obstante, sigue siendo acusado de hacer a un lado la protección al medio ambiente para atraer inversiones extranjeras. La semana pasada, seis menores murieron en enfrentamientos en torno a la explotación de grandes extensiones de la Amazonía en busca de oro.
En casos como el de Cerro de Pasco, García apoyó las empresas mineras, aduciendo que los avances tecnológicos hacen que la contaminación derivada de la minería sea "un tema del siglo pasado".
ADAPTACIÓN O MUERTE
Los habitantes de la ciudad no tienen muchas alternativas al trabajo en las minas: cultivar para subsistir o vender cosas en las calles de Lima y vivir en barrios de emergencia. Marilyn Huaman, de 24 años, explica que los nueve miembros de su familia viven de los 400 dólares que gana su padre en las minas. Su madre tiene un pequeño comercio en la casa. Todos duermen en la misma habitación. "Nos quedamos por necesidad, porque los chicos tienen que estudiar", expresó Calzada, de 45 años, y agregó que en su pueblo, Alcacocha, a una hora, no hay escuela secundaria.
Como tantas otras familias, los hijos de Calzada no se sometieron a análisis para determinar los niveles de plomo en sus organismos, el cual puede causar serios trastornos. "¿Qué puedo hacer, si tenemos que quedarnos aquí?", se pregunta.
Hay un documental argentino que se llama "La Ganga".
ResponderEliminarSale algo muy parecido.